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LA REFORMA LABORAL DE FELIPE CALDERON

Los objetivos que se plantea la Secretaría del Trabajo para enriquecer “la iniciativa de los sectores” propuesta en 2002. Los objetivos enumerados son: “1. Impulsar la creación de más empleo; 2. Incrementar la productividad y la competitividad del país; 3. Eliminar la discriminación y promover la equidad en las relaciones de trabajo; 4. Actualizar el marco jurídico de la capacitación; 5. Fortalecer los sindicatos auténticos y aumentar la transparencia en la contratación colectiva. y 6. Fortalecer la paz laboral, otorgar mayor certeza jurídica y privilegiar la conciliación en los procedimientos laborales”. La conclusión que hace Álvaro Castro Estrada sobre estos puntos es: “La suma de estos seis objetivos permitirá mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.” Lo que no se ve es de qué manera éstos objetivos van a beneficiar a los trabajadores.

 1) Nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo

“Se establecerían nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, como serían los “contratos a prueba” o de “capacitación inicial”. Asimismo, se regularían expresamente las relaciones de trabajo “por temporada” que aunque en la ley vigente se infiere su existencia, con la reforma se hace explícita su regulación. La relación de trabajo con periodo de prueba se daría hasta por 30 días como regla general y por 180 días, para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, lo que amplía las posibilidades de contratación.

2) Distribución de la jornada de trabajo

“Se contemplaría que patrones y trabajadores puedan convenir la ampliación de la jornada diaria de trabajo, así como un programa de acumulación mensual de horas laborables, o “banco de horas”, con el fin de permitir a los trabajadores el reposo acumulado de varios días a la semana, sin contravenir las exigencias del artículo 123 Constitucional.

3) Simplificación de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento

“Se modificaría integralmente el capítulo relativo a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, denominándolo “De la productividad, formación y capacitación de los trabajadores”. Se prevé que sólo las empresas que tengan más de 20 trabajadores deben integrar las comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento.

4) Medidas para incrementar la productividad y la competitividad del país

“Se suprimiría el “escalafón ciego” y de esta forma se privilegiaría a la capacitación como el principal criterio para el ascenso de los trabajadores a puestos vacantes o de nueva creación, por sobre la antigüedad de los trabajadores. Se favorecería la “multihabilidad”, como un factor que permitiría a los trabajadores, percibir ingresos mayores, es decir, podrá convenirse que los trabajadores desempeñen labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, siempre que reciban el ajuste salarial correspondiente”.

5) Registro sindical

“La iniciativa contempla que el registro de los sindicatos pueda cancelarse por no proporcionar informes a las autoridades del trabajo respecto a su actuación como sindicato y por no informar cada seis meses de las altas y bajas de sus miembros. La Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente conocería sobre la cancelación de registro de un sindicato, a solicitud de integrantes del propio sindicato y de toda persona con interés jurídico”.

6) Requisitos para la firma de un contrato colectivo de trabajo

“Se contempla que cuando un sindicato vaya a celebrar un contrato colectivo de trabajo, debe formular la solicitud por escrito, misma que contendrá la firma de los representantes del sindicato y de los trabajadores que representa; y deberá acompañar las constancias vigentes que hayan sido expedidas por la autoridad registradora, relativas a su inscripción. En caso contrario, no se podrá depositar el contrato colectivo.”

7) Fortalecer la justicia laboral

“Se incorpora expresamente en el proceso laboral el principio de la conciliación. Durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse el laudo, las juntas intentarán que las partes resuelvan los conflictos mediante la conciliación. Para apoyar en estas tareas se incorporaría a los “funcionarios conciliadores” como parte del personal jurídico de las juntas. Se tiene previsto que el personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje cuenten con título y cédula de licenciado en derecho, que se hayan distinguido en estudios de derecho del trabajo y gocen de buena reputación. “También será necesario contar con título de licenciado en derecho y la cédula correspondiente para fungir como representante de los trabajadores y de los patrones ante las juntas de conciliación y arbitraje.”

 

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